El agua del futuro se juega en la calidad del servicio
Cobertura urbana supera 90%, pero pérdidas, baja calidad y rezagos en tratamiento evidencian brechas estructurales en el sistema de agua y saneamiento.
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- Equipo de redacción PortalSP
El acceso al agua potable supera el 90% en zonas urbanas, mientras en áreas rurales se ubica cerca del 70%, reflejando una brecha superior a 20 puntos porcentuales en un servicio esencial para la salud pública.
El Informe Sectorial de Acueducto y Alcantarillado 2024 de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios advierte que, aunque la cobertura nacional supera el 85%, persisten fallas en calidad, continuidad y eficiencia operativa en distintos territorios del país.
El documento se construye con información de 2.829 prestadores registrados, lo que evidencia una estructura amplia, pero con marcadas diferencias en desempeño entre grandes operadores urbanos y pequeños sistemas que operan en municipios rurales del país.
El diagnóstico muestra que municipios con coberturas superiores al 80% presentan interrupciones frecuentes y problemas en presión y calidad del agua, evidenciando que el acceso no garantiza condiciones adecuadas en la prestación del servicio para todos los usuarios.
El reto estructural no se limita a ampliar cobertura, sino a cerrar brechas de calidad que afectan a millones de usuarios en territorios con menores capacidades técnicas, operativas y financieras para garantizar estándares adecuados en la prestación del servicio.
Un sistema fragmentado
El país cuenta con 2.829 prestadores, de los cuales cerca del 60% opera únicamente acueducto, mientras menos del 40% presta ambos servicios, limitando economías de escala frente a sistemas integrados en ciudades principales del país.
Los grandes operadores urbanos concentran millones de usuarios, mientras cientos de pequeños prestadores atienden poblaciones reducidas, generando diferencias significativas en eficiencia, calidad del servicio y capacidad de inversión en infraestructura y modernización tecnológica.
Esta fragmentación implica que algunos sistemas operan con altos niveles de eficiencia, mientras otros enfrentan limitaciones en gestión, financiamiento y mantenimiento de redes, lo que impacta directamente la calidad del servicio ofrecido a los usuarios.
La brecha entre grandes y pequeños prestadores se refleja en indicadores como continuidad, presión del servicio y cobertura efectiva, que varían significativamente entre territorios urbanos y rurales del país con diferentes niveles de desarrollo institucional.
La atomización del sector limita la eficiencia global del sistema y dificulta la implementación de políticas públicas homogéneas que permitan mejorar la calidad del servicio en todo el territorio nacional de manera sostenida.
Cobertura con brechas
La cobertura de acueducto supera el 90% en ciudades principales, pero cae a cerca del 70% en zonas rurales, mientras el alcantarillado presenta niveles inferiores, especialmente en municipios pequeños con menor infraestructura disponible.
En grandes ciudades el acceso es casi universal, mientras en zonas rurales miles de hogares carecen de conexión formal a redes de saneamiento básico, lo que amplía las brechas en condiciones de vida entre territorios.
La diferencia entre cobertura urbana y rural supera los 20 puntos porcentuales, evidenciando una desigualdad estructural en el acceso a servicios públicos esenciales en el país.
El rezago en alcantarillado es aún mayor, con municipios donde la cobertura es inferior al 60%, lo que incrementa riesgos sanitarios y ambientales en comunidades vulnerables.
Reducir estas brechas es uno de los principales desafíos estructurales del sector en los próximos años.
Calidad y continuidad bajo presión
Mientras grandes ciudades registran continuidad cercana a 24 horas, en municipios pequeños el servicio puede ser intermitente, con suspensiones frecuentes que afectan la calidad de vida de los usuarios en diferentes regiones del país.
Las diferencias en calidad del agua también son evidentes, con sistemas que cumplen estándares sanitarios frente a otros que presentan limitaciones en procesos de tratamiento y control en distintas zonas del territorio nacional.
Estas brechas impactan la salud pública, especialmente en territorios donde el acceso a agua potable segura no está garantizado de manera continua para la población.
La falta de continuidad obliga a los usuarios a almacenar agua en condiciones que pueden generar riesgos sanitarios adicionales en los hogares. Mejorar estos indicadores es clave para fortalecer la calidad del servicio de acueducto.
Pérdidas y eficiencia
El nivel de agua no contabilizada supera en muchos sistemas el 40%, mientras operadores más eficientes logran reducirlo a niveles cercanos al 25%, evidenciando diferencias significativas en gestión del recurso hídrico entre prestadores.
Estas pérdidas incluyen fugas en redes, conexiones ilegales y deficiencias en medición, lo que reduce ingresos y afecta la sostenibilidad financiera de los sistemas de acueducto en distintas regiones del país.
En territorios con menor infraestructura, la falta de micromedición limita el control del consumo y dificulta la gestión eficiente del recurso por parte de los operadores.
El impacto económico de estas pérdidas es significativo para el sistema, al reducir la capacidad de inversión en mantenimiento y expansión de redes. Reducirlas es una prioridad para mejorar la eficiencia del sector.
Alcantarillado y tratamiento
El tratamiento de aguas residuales presenta coberturas inferiores al acueducto, con municipios donde menos del 50% de las aguas recibe tratamiento adecuado antes de su vertimiento en fuentes hídricas del país.
En contraste, algunas ciudades alcanzan niveles superiores al 80% en tratamiento, lo que evidencia una brecha significativa en infraestructura y capacidad operativa entre territorios urbanos y rurales.
La falta de plantas de tratamiento en regiones apartadas incrementa la contaminación de ríos y ecosistemas estratégicos en diferentes zonas del país.
Este rezago genera impactos ambientales y sanitarios relevantes para las comunidades que dependen de estos recursos hídricos. El saneamiento sigue siendo uno de los mayores desafíos estructurales del sector.
Gobernanza y modelo operativo
El sistema combina operadores públicos, privados y comunitarios, con estos últimos concentrados en zonas rurales donde atienden poblaciones con menores recursos y limitadas capacidades técnicas y administrativas para la prestación del servicio.
Mientras grandes empresas gestionan millones de usuarios, cientos de sistemas comunitarios operan con estructuras básicas y financiamiento limitado en distintos territorios del país.
Esta diferencia genera brechas en calidad del servicio, continuidad y cumplimiento de estándares regulatorios entre prestadores de diferentes tamaños.
La supervisión del sector se vuelve más compleja debido a la diversidad de modelos de operación y condiciones territoriales en el país. Fortalecer la gobernanza es clave para mejorar la prestación del servicio.
Un sistema en redefinición
El sector enfrenta un escenario en el que coberturas superiores al 85% conviven con pérdidas cercanas al 40% y bajos niveles de tratamiento, evidenciando un sistema con avances importantes pero con fallas estructurales persistentes.
Las brechas en calidad, eficiencia y sostenibilidad exigen mayores inversiones en infraestructura, tecnología y fortalecimiento institucional para mejorar el desempeño del sistema en el mediano plazo.
El agua se consolida como un recurso estratégico para la salud pública, el desarrollo económico y la sostenibilidad ambiental del país. El reto es garantizar servicios confiables y eficientes para todos los usuarios del sistema.
El futuro del sector dependerá de su capacidad para cerrar brechas estructurales.
